Hoy en día los profesionales de la construcción estamos insertos en un contexto de cambio y de demanda social que obliga a una reflexión de nuestro quehacer: la emisión de nuevas regulaciones sobre construcción y servicios relacionados, así como de códigos y procedimientos civiles, mismos que otorgan más y nuevas responsabilidades a los peritos, a los directores responsables de obra y corresponsables, a los proyectistas y diseñadores, a los supervisores y a los constructores, por mencionar a algunos de los actores involucrados.

Entre los diversos cambios se encuentra la necesidad de conocer y aplicar productos y técnicas “novedosas”; la expectativa de mejores viviendas y otras edificaciones; la obligación de que los bienes y servicios evidencien el cumplimiento con normas, y la disposición de actuar con apego a la verdad.

Como sabemos, los servicios profesionales en la construcción se realizan por personas morales o por personas físicas con actividades empresariales e interdisciplinarias en una amplia gama de actividades: elaboración de planes, programas, planos, estudios y proyectos para la construcción de obras de edificación o de infraestructura; en la dirección, vigilancia, residencia, supervisión o evaluación durante la realización de las mismas; en la obtención e interpretación de datos técnicos; en la realización de peritajes y dictámenes técnicos; en el estudio e implantación de sistemas de información, control y calidad, y de sistemas operativos.

La elección del suministrador puede significar la diferencia entre un buen servicio y otro inadecuado o más costoso; el universo de oferentes es amplio y cada uno ha desarrollado su propio campo de especialización y se ha capacitado en mayor o menor grado para la ejecución de trabajos con base en su experiencia y en la formación profesional de sus integrantes; sin embargo, se desconoce su capacidad y experiencia. Ante ello, algunas organizaciones profesionales y de empresas han iniciado programas de certificación de sus afiliados, los que no han tenido el suficiente reconocimiento social, quizá por la ausencia de difusión o limitación de los criterios para evaluar, capacitar y reconocer a sus afiliados.